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Demandan a Venezuela ante la Corte IDH por el asesinato de un cadete

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Pese a que oficialmente ya no está bajo su jurisdicción Venezuela deberá comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió demandar al Estado por su incapacidad para sancionar a los responsables del asesinato de un cadete de la Guardia Nacional, hecho ocurrido en 1998.
La decisión la adoptó la instancia con sede en Washington (Estados Unidos) el pasado 13 de mayo, pero apenas ayer la oficializó; y lo hizo luego de esperar durante meses una respuesta de las autoridades venezolanas ante sus peticiones para que investigara y castigar a los asesinos de John Alexis Ortiz, así como a quienes permitieron que este crimen permaneciera durante 17 años en la impunidad, que reparara sus familiares y que adoptara medidas para que más nunca otro aspirante a militar muriera durante unos ejercicios dentro de una instalación castrense.
El 15 de febrero de 1998 en las instalaciones de los Comandos Rurales de Caño Negro (Táchira), Ortiz, quien era estudiante de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales, murió al recibir disparos de un arma de fuego, en el contexto de una «práctica de fogueo» realizada con balas reales dentro de la instalación castrense. Durante este ejercicio no había personal sanitario ni una ambulancia para atender cualquier eventualidad.
Por este hecho fue detenido y procesado el guardia nacional, Gean Carlos Malpica Calzadilla, quien fue acusado junto a otros tres uniformados por homicidio culposo. La familia de la víctima recurrió esta decisión y gracias a ello también fueron acusados los entonces coroneles Rafael Rijana y Alexander Florez, el para la época mayor Edwin Villasmil, los tenientes Fidel Rodríguez y Rafael Villasana, así como el capitán Gerson Jiménez y el oficial Antonio Linares. Sin embargo, el proceso posteriormente se paralizó.
Las autoridades, en el escrito en el que pidieron desechar este caso, acusaron a los parientes de Ortiz de no colaborar al esclarecimiento del crimen.
Esta es la segunda demanda que la CIDH interpone contra Venezuela en el tribunal continental desde el Gobierno denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sacó al país de esa instancia.
El retiro del país impide a la Corte con sede en San José (Costa Rica) conocer casos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos luego de la salida, pero puede seguir conociendo aquellos relacionados con hechos ocurridos durante la vigencia de la misma.

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